La agencia de inmigración, USCIS, ha publicado una nueva norma definitiva sobre la carga pública (“public charge”) que podría cambiar significativamente la forma en que se resuelvan muchas solicitudes de residencia permanente legal (“tarjetas verdes”) en el futuro. Esta norma deroga la normativa sobre la carga pública de 2022 y la sustituye por un nuevo marco para determinar si una persona “tiene probabilidades de convertirse en una carga pública” según la legislación de inmigración de los Estados Unidos.
La nueva norma entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026. Hasta esa fecha, seguirá vigente la política actual de 2022.
A continuación, se ofrece una visión general de lo que sabemos hasta ahora, de lo que va a cambiar, y de quiénes se ven afectados y quiénes no.
¿Qué es la “carga pública?”
La carga pública es un motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad recogido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (“INA”). Permite al USCIS y al Departamento de Estado de lose Estados Unidos denegar determinadas solicitudes de residencia permanente legal y visados de inmigrante si el gobierno considera que es probable que el solicitante dependa principalmente del gobierno de los Estados Unidos para recibir asistencia económica a largo plazo o atención institucional a largo plazo a cargo del gobierno en el futuro.
En virtud del artículo 212(a)(4) de la INA, a la hora de determinar si existe carga pública, pueden tenerse en cuenta la edad, la salud, la situación familiar, los bienes, los recursos, la situación financiera, la formación, y las competencias del solicitante.
La nueva norma definitiva de 2026 no modifica la disposición sobre la carga pública de la INA. Sin embargo, sí cambiará la forma en que el USCIS interpreta y aplica dicha disposición a los solicitantes de residencia permanente legal a través del proceso de ajuste de estatus. También dará lugar a una nueva edición del formulario I-485, Solicitud de Ajuste de Estatus.
¿Qué beneficios públicos están sujetas a la norma sobre la carga pública?
Según las directrices actuales, muchos beneficios públicos no se tienen en cuenta a efectos de la carga pública en el caso de los no ciudadanos. Históricamente, solo determinadas formas de ayuda económica para el mantenimiento de los ingresos y la institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno han sido fundamentales para el análisis de la carga pública.
La ayuda económica para el mantenimiento de los ingresos se refiere a:
- La Renta de Seguridad Suplementaria (SSI);
- Ayuda económica para el mantenimiento de los ingresos en el marco del programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF); y
- Programas estatales, tribales, territoriales o locales de prestaciones en efectivo para el mantenimiento de los ingresos, a menudo denominados “Asistencia General.”
La institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno incluye las estancias en centros de cuidados o instituciones de salud mental. No incluye el encarcelamiento por condena por un delito, la institucionalización a corto plazo con fines de rehabilitación, ni la mayoría de los servicios sufragados por Medicaid (es decir, los servicios a domicilio y en la comunidad (HCBS) y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP)).
¿Quién está sujeto al motivo de inadmisibilidad por carga pública?
La carga pública suele aplicarse a las personas que solicitan la residencia permanente legal a través de categorías familiares y de empleo, entre las que se incluyen:
- Muchas solicitudes basadas en vínculos familiares (cónyuges, hijos, padres, y otros familiares determinados de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales). La mayoría de las solicitudes basadas en vínculos familiares requieren que un patrocinador económico (normalmente el peticionario, pero a veces un copatrocinador) demuestre que percibe unos ingresos mínimos o dispone de un nivel mínimo de activos para mantener al solicitante.
- Algunas solicitudes basadas en el empleo, en las que el solicitante debe demostrar que no es inadmisible por ningún motivo, incluida la carga pública.
¿Quiénes no están sujetos al motivo de inadmisibilidad por carga pública?
Muchos no ciudadanos no están sujetos en absoluto al motivo de inadmisibilidad por «carga pública», ni siquiera con la nueva normativa. La inadmisibilidad por carga pública no se aplica a:
- Refugiados
- Asilados
- Personas que solicitan o a las que se les ha concedido un visado U (víctimas de delitos)
- Las personas que solicitan o a las que se les ha concedido un visado T (víctimas de la trata de personas)
- Personas que solicitan protección en virtud de la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres (VAWA)
- La visa juvenil (SIJS)
- Otras categorías humanitarias y programas especiales
Cómo podría cambiar la nueva norma las determinaciones sobre la condición de carga pública
La nueva norma de 2026 otorgará a los funcionarios del USCIS una amplia discrecionalidad para tomar decisiones individualizadas y basadas en los hechos concretos sobre la carga pública, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias.
Para tomar decisiones sobre la inadmisibilidad por carga pública, los funcionarios del USCIS tendrán en cuenta los cinco factores legales (la edad del solicitante, su salud, su situación familiar, sus activos, sus recursos, su situación económica, su formación, y sus competencias), la Declaración Jurada de Manutención (Formulario I-864) del peticionario o del copatrocinador, y si el solicitante ha recibido o recibe actualmente ayudas económicas en efectivo para el mantenimiento de los ingresos o ha estado internado a largo plazo en una institución a cargo del gobierno.
Además, a partir del 18 de septiembre de 2026, la nueva norma permitirá a los funcionarios del USCIS tener en cuenta la percepción por parte del no ciudadano de beneficios públicos sujetas a condiciones de recursos, incluidas las ayudas a la vivienda, las estampillas de comida, las ayudas económicas para la universidad, y beneficios similares.
Queda por ver en qué medida se tendrán en cuenta factores adicionales, como si el solicitante dispone de seguro médico, si los miembros de su familia han recibido asistencia pública, el historial laboral del solicitante tal y como figura en el formulario I-485, la probabilidad de que el peticionario y el copatrocinador ofrezcan apoyo al solicitante, etc.
Si un funcionario del USCIS considera que el solicitante es inadmisible porque es probable que, en cualquier momento, se convierta en una carga pública, dicho funcionario podrá permitir que el solicitante deposite una fianza por carga pública por un importe determinado por el USCIS.
Más información
Dado que la nueva norma otorga a los funcionarios del USCIS una mayor discrecionalidad para denegar las solicitudes de ajuste de estatus por motivos de carga pública, se recomienda presentar el formulario I-485 antes del 18 de septiembre de 2026, si es posible. Si esto no fuera posible, revise detenidamente su caso con un abogado especializado en inmigración antes de decidir si presentar el formulario I-485 y cuándo hacerlo.
Puede consultar aquí las actualizaciones sobre la carga pública en el Manual de Políticas de USCIS.
El USCIS publicará una nueva versión del formulario I-485 el 18 de septiembre de 2026 para adaptarlo a estos cambios normativos. Esto significa que, si tiene previsto presentar el formulario I-485 ante el USCIS a partir del 18 de septiembre de 2026, deberá utilizar la nueva versión que estará disponible en breve en la página web del USCIS.
En Kolko & Casey, nuestro equipo se dedica a proporcionar asistencia jurídica integral a quienes se enfrentan a estas situaciones difíciles. Ponte en contacto con nosotros para analizar tu caso y cualquier duda que tengas sobre estos cambios.
Descargo de responsabilidad: Este blog tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento jurídico. La legislación y las políticas de inmigración cambian rápidamente. Consulte siempre a un abogado o a un representante acreditado para obtener asesoramiento sobre su situación específica.
About the Author
Angela Cifor is a Partner at Kolko & Casey, P.C. Angela specializes in removal defense, humanitarian and family based immigration matters.
